La situación actual se caracteriza por una cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya única finalidad es de naturaleza general y pública.

Este aumento de la participación privada sin fines lucrativos, procedente tanto del sector privado empresarial como de la esfera particular ha llevado a la Administración pública a modificar el conjunto de incentivos fiscales aplicables a las actividades de mecenazgo, así como el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

Las restricciones presupuestarias y la creciente acción cultural de las administraciones públicas, sobre todo, en los niveles inferiores de gobierno, ha conducido a la creciente suscripción de convenios con instituciones privadas. Estos acuerdos han desembocado en la creación de organizaciones público-privadas, donde la propiedad pertenece a diversas administraciones públicas y a actores privados. Siendo estos últimos tanto empresas privadas como entidades sin ánimo de lucro (fundaciones).

La importancia alcanzada en los últimos años por el denominado tercer sector ha hecho necesaria una nueva regulación de los incentivos fiscales que permitiera encauzar de un modo más eficaz los esfuerzos privados en actividades de interés general. En este sentido, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24/12/2002) ha venido a establecer un nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la presente realidad, flexibiliza los requisitos para acogerse a los incentivos que prevé la Ley.

[Fuente]
Cuestionario sobre las Políticas Culturales Iberoamericanas de la Guía de la Administración Cultural
Administrado por el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural (2003)

COLABORADORA LOCAL: Ana Villarroya
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2003