La Administración Central del Estado gestiona la mayor parte de su política cultural desde la Secretaría de Estado de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entre los principales objetivos de este organismo destacan los siguientes:

• La promoción, protección y difusión del Patrimonio Histórico Español, de los museos estatales y de las artes plásticas.
• El fomento del libro y la lectura, el estímulo a la creación literaria y la promoción, protección y difusión de los archivos y bibliotecas estatales.
• El impulso y participación en acciones de cooperación cultural con las administraciones públicas y con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
• La promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo.
• La promoción, protección y difusión de las actividades cinematográficas y audiovisuales de producción, distribución y exhibición.
• La orientación e impulso de las relaciones internacionales en materia de cultura, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito, todo ello sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Subsecretaría del Departamento.

Las prioridades políticas dependen en gran medida de la opción política que ostenta el poder. Respecto al tema cultural y a pesar de los distintos discursos de las dos formaciones políticas mayoritarias (socialistas y populares) que han ocupado y ocupan el poder puede concluirse, a grosso modo, que las prioridades sectoriales no han divergido en exceso entre los gobiernos socialista y popular.

Así, la acción gubernamental del Ministerio de Cultura en la etapa socialista (1982-1996) centró sus prioridades en la conservación y valorización del patrimonio, la renovación de equipamientos (plan de auditorios y teatros) y el apoyo a la creación (con la ley de propiedad intelectual, y las ayudas al cine, al teatro y a la música).

Con el nuevo gobierno del partido popular (desde 1996), el Ministerio de Cultura pasa a ser una Secretaria de Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Sin embrago, se mantiene, en gran medida, la política de protección y difusión del patrimonio histórico español, la gestión de los grandes museos, archivos y bibliotecas nacionales, la promoción de las artes escénicas y la música, así como la tutela sobre la propiedad intelectual. En el ámbito, de las industrias culturales se refuerzan los grandes grupos de comunicación y las empresas españolas de producción audiovisual y editorial.

Entre los principales temas de debate actual figuran, por un lado, el apoyo al sector cinematográfico español, en crisis por el creciente dominio de la industria estadounidense. Por otro lado, la protección de los derechos de propiedad intelectual, que ha desembocado en la creación y regulación de la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial y, más recientemente, en la adecuación del Registro General de la Propiedad Intelectual a la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías que afectan tanto al proceso creativo como a los nuevos soportes.

Al igual que en otros ámbitos de la acción política, la década de los noventa trajo al campo de la cultura:

• La búsqueda de recursos ajenos, como respuesta a las limitaciones presupuestarias.
• La colaboración entre el sector público y el sector privado en la gestión y obtención de fondos.
• La mejora de la eficiencia y la eficacia de la acción cultural.
• La externalización o subcontratación de la dirección y gestión de centros cívicos, teatros, museos u otros tipos de equipamientos e instalaciones culturales.

• Por la necesidad de aproximar la elaboración y la aplicación de la política cultural a la realidad social.
• Por el hecho que la descentralización garantiza mejor la conservación y el desarrollo de la diversidad cultural y lingüística al conferir a las Comunidades Autónomas o en su caso a las autoridades locales un poder de decisión sobre cuestiones esenciales para su existencia como sociedades con una realidad cultural propia.
• Por las mejoras en la eficacia de la acción pública cultural.

No

[Fuente]
Cuestionario sobre las Políticas Culturales Iberoamericanas de la Guía de la Administración Cultural
Administrado por el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural (2003)

COLABORADORA LOCAL: Ana Villarroya
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2003